Más de 5.000.000 de venezolanos han emigrado, debido a la severa crisis que atraviesa el país, de acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). De esa cifra, 4.600.000 se encuentran en Latinoamérica.
A pesar de las fuertes medidas que países como Perú, Colombia, Ecuador y Brasil, han tomado para la contención del covid-19 (y que impactan en la economía y en la política migratoria), la mayoría de estos migrantes prefieren permanecer en los lugares donde se han asentado y no volver a su país de origen.
En ese sentido, la Acnur realizó un estudio sobre el desalojo de los migrantes venezolanos en la región, denominado Encuesta Regional de Desalojos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela. La investigación es la primera que realiza la organización. En el documento colaboraron distintas agencias, ONG y la relatoría sobre los derechos de las personas migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tipos de contratos y condiciones de habitabilidad
El organismo de la ONU constató que 86,6% de los hogares encuestados pertenecen a personas refugiadas y migrantes de Venezuela que tienen o tuvieron contratos de alquiler o de préstamo (verbales o escritos) sobre sus viviendas. De esa cifra, 76,9% pagan con sus propios recursos, mientras que solo el 10,4% recibe apoyo del gobierno del país donde se asentaron o de alguna organización humanitaria (agencias, ONG, Iglesia, Cruz Roja, etc.).
En cuanto a los contratos, los verbales son la gran mayoría con 73,7%, mientras que 12,9% tienen contratos de arrendamiento escritos; otro 11,5% habita en las viviendas sin tener ningún tipo de acuerdo o contrato.
“Los contratos verbales en la región se asocian con una menor seguridad de la tenencia de las viviendas y pueden producir, más fácilmente, interpretaciones diferentes del alcance de lo acordado y producir conflictos entre las partes. Además, por lo general, no llegan a resolverse por las entidades encargadas de impartir justicia o encontrar alternativas de mediación”, indica la encuesta.
Los tipos de vivienda o alojamiento son en su mayoría apartamentos o casas en alquiler. Ecuador tiene el porcentaje más alto con 81%, Perú con más de 70% y Colombia 65%, mientras que en Brasil la mayoría de los venezolanos viven en albergues o alojamientos temporales.
Solo 3% de los refugiados y migrantes de Venezuela respondieron en la encuesta que vivían en asentamientos informales. Acnur aclaró en el informe que, tomando en cuenta el 73% de los contratos orales, el porcentaje en asentamientos informales puede ser mayor.
¿Cuándo iniciaron los desalojos?
La encuesta fue contestada principalmente por los venezolanos arrendados en países como Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. Más del 95% de los casos de desalojo obtenidos para la investigación fueron iniciados por los arrendadores o propietarios de las viviendas donde estos migrantes y refugiados habitaban.
“Llama la atención que en los contratos escritos y verbales, así como cuando no hay ningún tipo de acuerdo, el porcentaje de no presencia de autoridades locales en los casos de desalojo supera el 75% en la región”, observó Acnur.
Con respecto al ingreso regular al país de destino y el tipo de contratos que las personas refugiadas y migrantes establecen con los propietarios y/o arrendatarios, se destaca que quienes ingresaron de forma irregular tienden a tener contratos verbales o ningún acuerdo para habitar una vivienda; mientras que quienes tienen contratos escritos suelen haber entrado de forma regular a los países de destino.
Acnur detalló que en la región, el país que tiene el mayor ingreso de forma irregular por personas refugiadas y migrantes de Venezuela es Brasil con más de 94%; seguido de Perú con más de 78%. Sobre la entrada regular a un territorio, Colombia es el más alto en la región con más de 62%, seguido de Ecuador con más de 48%.
Consecuencias del desalojo
Los encuestados indicaron a Acnur tres impactos principales que pueden enfrentar en caso de ser desalojados:
Quedar en situación de calle (74,7%).
Riesgo de contagio por covid-19 (60,5%).
Falta de acceso a servicios públicos (45,7%).
El organismo añadió que las medidas que los hogares encuestados consideran que se deben tomar o fueron tomadas para mitigar los impactos de un desalojo son: el establecimiento de acuerdos con los arrendatarios con cerca del 40%; solicitar extensión o suspensión de pagos con cerca del 35%; la mudanza a casa de un amigo o familiar.
También tomar otro tipo de medida (16,4%) o mudarse a un alojamiento temporal o albergue (12,4%); solicitar un préstamo y asistencia legal (11,6%); el retorno a Venezuela con un (7%) y finalmente en (5,2%) mudarse a otra zona del país en el que se encuentra.
“Es decir, el retorno a Venezuela, después de la opción de mudarse a otra parte del país, es la forma menos considerada por los hogares encuestados de mitigar los impactos del desalojo”, destacó Acnur.
Los actores que brindaron apoyo a los migrantes venezolanos al momento de los desalojos, de acuerdo con Acnur, fueron organizaciones no gubernamentales, Agencias de las Naciones Unidas, organizaciones de sociedad civil o religiosa.
La investigación realizada por la Acnur demuestra que los venezolanos que dejaron el país prefieren estar fuera de su patria a pesar de cualquier adversidad que puedan vivir en la nación donde están asentados actualmente.
